La vuelta de Argentina al FMI

Un poco de historia para no olvidar

Argentina tiene una larga y sórdida historia con el Fondo Monetario Internacional que conviene comenzar a desempolvar ahora que la alianza Cambiemos ha decidido reestablecer relaciones con el organismo.
Desde 1956 nuestro país pasó la mitad de su historia bajo acuerdos y condicionalidades del Fondo. Estas relaciones se aceleraron después de la crisis de pagos de 1982, con el establecimiento de una serie de requerimientos impuestos por esta institución que se basaron generalmente en reducir los déficits fiscales, en la custodia de reservas internacionales, en el establecimiento de límites al endeudamiento e inflación junto a otras medidas más agresivas orientadas a cambios estructurales de neto corte neoliberal: privatizaciones, reducción de  impuestos, represión salarial y flexibilización laboral, liberación de precios y tasas de interés y liberalización comercial y financiera.
Cuando hacia fines de la década de 1990, la recesión argentina ponía en jaque al esquema de convertibilidad, las condicionalidades asociadas a los préstamos del FMI, basadas en el diagnóstico equivocado de un exceso de gasto público (cuando había superávit primario), no hicieron más que profundizar la recesión, a la vez que financiaron la aceleración de la fuga de capitales, sellando la suerte de la convertibilidad. Una vez producido el estallido y default de diciembre de 2001, el FMI volvió a la carga con sus recetas recesivas, priorizando el pago de la deuda por sobre la recuperación económica. La inoperancia del Fondo quedó plasmada en el documento denominado “Argentina, el FMI y la crisis de la deuda” y publicado en 2004 por el Ministerio de Economía que concluyó diciendo “… que el cuerpo técnico del Fondo no parece estar totalmente preparado para hacer frente a una situación en la cual una crisis de gran magnitud ya ha estallado”.

La salida y el regreso del Fondo

En 2006, Argentina se había liberado de las condicionalidades del Fondo con la cancelación anticipada de la deuda del país con dicho organismo y seguidamente desautorizó la confección y difusión de las auditorías anuales en el marco del Artículo IV. Sin embargo, el Fondo siguió realizando sus evaluaciones económicas desde 2007 al 2015 utilizando información pública y sin posibilidad de consultar a las autoridades argentinas. Estos análisis se publicaron recientemente, luego del acercamiento al Fondo del gobierno actual.
El informe preparado durante febrero de 2014 señalaba dos escenarios ilustrativos de mediano plazo. Por un lado, un escenario de continuidad de las políticas del Kirchnerismo y sin ajuste de la demanda agregada. Para el FMI, este escenario habría provocado una caída acelerada de reservas llegando de 17.6 y 12.2 miles de millones de dólares para 2016 y 2018 respectivamente, con un PBI creciendo a tasas promedio de 1.5% anual y un déficit primario estable cercano al 1% del PBI, aunque sin cambios en las relaciones entre inversión y consumo. Por otro lado, mostraba un escenario alternativo -de restricción de demanda- con políticas como las que implementaría un eventual gobierno pro-mercado. Irónicamente, el FMI denominó a este escenario de “fortalecimiento de las políticas” que hubiera logrado un superávit fiscal cercano al 1,5% del PBI en menos de un año, un cambio en la acumulación de reservas internacionales cuya tasa de crecimiento se acercaría al 8% interanual (un poco menos de 3 mil millones de USD anuales) y una caída del consumo sobre el PBI que permitiría el incremento de la inversión en el corto plazo y el superávit de la cuenta corriente (ver cuadro).

El Fondo señalaba que el conjunto de medidas para lograr el ajuste de corto plazo “consistiría en reducir los subsidios a su nivel de 2007 en términos del PIB en un lapso dos años, y mantener sin cambios los salarios del sector público y los pagos de jubilaciones invariados respecto al PIB, a su nivel de 2012. Asimismo, para mantener controlada la demanda interna, las tasas reales de interés deberían subir y mantenerse positivas y el peso debería depreciarse en términos reales.” En resumen: reducir salarios y jubilaciones, quitar subsidios, restringir la política monetaria limitando las trasferencias del BCRA al tesoro, subir las tasas de interés reales y devaluar la moneda.
Es notable la similitud de estas recetas de política económica que se han implementado desde el 10 de diciembre de 2015 y cuáles de ellas han encontrado su correlato en los resultados esperados. Prácticamente se han seguido todas las sugerencias del Fondo, sin embargo, los resultados en términos de nivel de actividad han sido más negativos y aquellos vinculados al sector externo y las cuentas públicas, tuvieron efectos diametralmente opuestos. Las prescripciones del Fondo ejecutadas por el gobierno actual no sólo empeoraron los efectos negativos previstos, sino que crearon nuevos problemas.

FMI recargado

En una conferencia el 15 de abril de este año, Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI dijo que “…el nuevo gobierno se embarcó en una ambiciosa transición muy necesaria para eliminar los desequilibrios y distorsiones internos y corregir los precios relativos. Los controles de cambios se redujeron. Varias restricciones al comercio internacional se han eliminado. Se han planteado los temas de tarifas de servicios públicos y se ha llegó a un acuerdo con los acreedores externos. Estas medidas han mejorado las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo. Si bien en 2016 habrá una desaceleración, se espera una importante recuperación en ese país para el 2017”. En la misma línea se expresó el reciente evaluador enviado por el Fondo, Roberto Cardarelli, que agregó que la situación previa en el país se caracterizó por altos niveles de consumo, baja inversión, déficits públicos inflacionarios y un clima empresarial que erosionó la competitividad.
El 4 de octubre pasado el FMI presentó su World Economic Outlook, allí señaló que “Argentina ha iniciado una transición importante y muy necesaria hacia un marco de política económica más consistente y sostenible, que está teniendo un costo mayor de lo previsto en 2016, proyectándose un crecimiento de –1,8% (en comparación con la tasa de –1% pronosticada en abril). En 2017 se prevé que el crecimiento se afiance en 2,7% gracias a la moderación de la inflación y la adopción de una postura monetaria y fiscal más propicia.”

Perspectivas

Si bien el Fondo no ha cambiado su postura histórica -sino que la viene reafirmando desde el 2014 a la actualidad- lo notable este proceso, de retroalimentación del ajuste con las autoridades argentinas, parece ser la velocidad con que encuentran sus límites. La historia reciente del menemismo y la Alianza y el espejo de la crisis de 2001 son condicionantes de primer orden. En segundo término, resulta difícil que el Pro pueda descargar el costo político de una supuesta “pesada herencia” habiendo duplicado la inflación (producto de las políticas cambiarias y tarifarias), reducido salarios, actividad productiva y consumo, con su consecuente incremento de desempleo, pobreza e indigencia. Por otro lado, el FMI no expone argumentos que le permitan proyectar tal crecimiento para el año que viene, al contrario, muestra una caía mayor para este año y perspectivas de un estancamiento regional liderado por el principal socio comercial en América del Sur (Brasil). 
Si bien en esta primera instancia habrá muy poco terreno donde el Fondo exija mayores ajustes, es probable que una vez completada la lista corta enunciada en los párrafos anteriores y, evidenciados los magros resultados fiscales definitivos del 2016, el Fondo vuelva a sugerir lo que históricamente ha pedido con vehemencia: más ajuste fiscal, mayor devaluación y reducción salarial. Por ello es que las vueltas a las relaciones cercanas con el FMI pueden volverse conflictivas, incluso para una gestión como la de Cambiemos.

Mariano Arana y Alan Cibils[1]

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[1] Investigadores docentes del Área de Economía Política, Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Crear valor para el rentista, o la política económica del nuevo conservadurismo en Argentina

Casi tres meses de gestión del gobierno del Pro dan mucha tela para cortar en materia de economía política. Dado que una parte de lo que efectivamente hicieron fue anunciada en la campaña electoral, es menester tomar en cuenta no sólo las políticas efectivamente realizadas sino aquellas que han sido anunciadas con suficiente énfasis como para esperar que se vuelvan realidad en el corto plazo. Lo que sigue trata muy brevemente temas económicos ocurridos en los ámbitos fiscales, financieros, de ingresos, de los sectores productivos y de las relaciones con el resto del mundo. El esquema general arroja un evidente aumento de la inflación que contribuye a acelerar el conflicto social, caída del nivel de actividad, concentración del ingreso y excedente, mayor exposición y vulnerabilidad externa, caída del consumo público y privado por lo tanto del mercado interno, aumento del desempleo, pobreza e indigencia, perdida de posición e integración regional y un incremento del déficit público y de la deuda externa pública.

El anuncio de metas de inflación acompañó la previsión del ajuste del gasto público en relación al PBI en lo que refiere al gasto corriente. Aunque no hay aún una nueva ley de presupuesto que permita estimar concretamente el programa de gastos, al compás de la abrupta devaluación del 17 de diciembre pasado, siguió el desfinanciamiento fiscal mediante la reducción de los ingresos vía retenciones al agro y luego la minería (de yapa la quita de impuestos a los autos de lujo, al tabaco y al champán). La modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias fue otro efecto de incremento el déficit fiscal, aunque el resultado fiscal final está abierto por la inclusión de nuevos contribuyentes.

La política de metas de inflación está en sintonía con un recorte del gasto al quitar financiamiento al sector público mediante un ajuste del crecimiento de la base monetaria. La liberación de tasas de interés, el negocio de las LEBAC y los plazos fijos, la liberación de movimiento de capitales y el aumento de deudas para reservas vía BONARs + Megacanje II, son medidas que apuntan a aspirar pesos sin comprar dólares y hacerse de dólares mediante toma de deudas, de modo de no incrementar los billetes y monedas en manos del público. El diagnóstico oficial acerca de la inflación está circunscripto exclusivamente al financiamiento del déficit fiscal vía incremento de la masa monetaria.
Por otro lado, el arreglo de pago a los Fondos Buitres fue una de las prioridades de la actual administración. El cambio de estudio de abogados que sigue las causas, la cúpula de decisión en materia económica entera viajando a Davos y el reciente pre-acuerdo con litigantes italianos reunidos en Task Force Argentina, fueron señales premonitorias de la costosa media-salida del default. Es que el ámbito fiscal, luego de la desfinanciación y la caída del nivel de actividad, no cierra ni con las quitas de subsidios programadas, por ello es que ayer el Ministro de Hacienda anunció que, de no conseguirse un arreglo con los holdouts, las alternativas están entre una emisión mayor y un ajuste brutal -seguidamente descartó solo la primera alternativa-. De este modo, el Pro extorsiona al Congreso Nacional para que derogue las dos leyes que impiden mejorarle la oferta a los que no entraron a los canjes de deuda pública 2005 y 2010 (leyes cerrojo y de pago soberano).
Recapitulando, el BCRA se endeuda para no salir comprar dólares y el tesoro se endeuda para no financiar gasto corriente con emisión. He aquí los dos problemas fundamentales de la política económica del Pro: la inflación y el crecimiento.
Respecto del diagnóstico inflacionario, la probabilidad de error crece con cada aumento del índice de precios mes a mes. La inflación está mostrando tener un componente cambiario muy significativo coadyuvado por la concentración en la formación de precios, la quita de retenciones al trigo y maíz principalmente, la quita de subsidios a la electricidad y las expectativas futuras (incluyendo los acuerdos salariales en torno al 35/40%). Los anuncios de quitas de subsidios al transporte y al gas, el desmantelamiento de precios cuidados, claramente no contribuyen a morigerar las expectativas inflacionarias.
Si el diagnóstico inflacionario oficial es errado, en Argentina se recrudecerá el estancamiento y la inflación, pero con el agravante de un endeudamiento progresivo. Si la inflación menguara, se corre con el problema adicional de crecer poco y endeudarse mucho, en el mejor de los casos, dilatar una crisis de deuda. La única salida de mediano plazo políticamente viable es crecer rápidamente y mucho. En este ámbito las posibilidades no son alentadoras: la contracción del gasto público anunciada y del consumo (mediante la baja de ingresos populares, salario real y transferencias ANSES) pone la lupa del crecimiento sobre el sector externo y la inversión privada. En cuanto al primero, las posibilidades de crecimiento de las regiones compradoras son menores a las de años anteriores, en este sentido el apoyo público a los sectores agroindustriales, pesqueros, mineros y energéticos parece ser una política de retención de ingresos más que de fomento exportador.  Sobre el segundo, resulta un tanto ingenuo creer que la potencial caída de la tasa de interés local (acuerdo con Fondos Buitres mediante) y la flexibilización de importaciones contribuyan a la expansión de la inversión. Los pronósticos de caída del nivel de actividad que arrojan las agencias internacionales, las perspectivas de pérdida del poder adquisitivo, y el crecimiento de la vulnerabilidad externa (tanto por un mundo más hostil en términos comerciales, así como por la mayor exposición a los movimientos de capitales) difícilmente aceleren las proyecciones de inversión en lo que resta del año. La trampa del Pro es que pone en jaque las finanzas públicas y los ingresos populares, con una promesa de estabilidad futura que día a día muestra que lo que al gobierno le falta de realidad le sobra de deseo.    
Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad que deseo y realidad estén en el mismo lugar. Si ese fuera el caso, se explicaría el énfasis sectorial reprimarizador orientado a las actividades rentísticas y extractivas (que permitiría explicar una gran parte de las concesiones al sector financiero) junto los intentos de cambio del eje en las relaciones internacionales desde Mercosur -China/Rusia, CELAC, etc. hacia Estados Unidos y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), pasando por el desplante al apoyo de 136 países que realizaron hacia Argentina para conducir un marco regulatorio contra los fondos buitres votada en Naciones Unidas el año pasado.
La historia es conocida: desde fines de la década de 1970 los gobiernos neoliberales prometieron reducir la inflación, lograr más estabilidad e incrementar el bienestar aumentando el crecimiento económico. Hoy se sabe que las leves reducciones de la inflación fueron a costa de logros sociales o de burbujas financieras. También se sabe que los países que siguieron las políticas neoliberales aplastaron el crecimiento económico e intentaron compensar esas caídas con deuda pública y privada. En un contexto internacional negativo, la estrategia del Pro parece una estrategia defensiva de los sectores rentísticos asociados al dinero y los recursos naturales, pagadera con una ofensiva sobre el resto de la población. Lo cierto es que este año tendremos lo opuesto a las promesas neoliberales: menor crecimiento con más inflación.

El respeto por el capital de Prat Gay

El jefe de gabinete, Marcos Peña y el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, protagonizaron hoy una conferencia de prensa donde hicieron parecer que las negociaciones con los fondos buitres están llevando más tiempo del previsto. Ciertamente, los juicios localizados en Nueva York son una molestia para la toma de deuda externa (algo que estuvo en los objetivos anunciados de la política económica desde el primer día que Cambiemos asumió el poder).

El Ministro señaló los esfuerzos en “avanzar en cerrar esa brecha, sobre todo con los litigantes más duros”, sin embargo, solo se anunció un pre-acuerdo con un segmento de los litigantes conducidos –no paradójicamente- por Nicola Stock, que representa a una agrupación de bonistas italianos denominados Task Force Argentina. Dijo que por orden presidencial van a “respetar el capital” y con ello sentenció el pago total del capital de la deuda comprada por estos bonistas y una negociación de intereses que equivale -según fuentes no oficiales- a 450 millones de dólares sumados a los 900 millones de capital, pagaderos al contado.

En el marco de estas negociaciones el BCRA incrementó sus reservas de un plumazo el 29 de enero pasado. Bajo el comunicado 50696, realizó operaciones de PASE con siete bancos por un monto total de u$s 5.000 millones y un plazo aproximado de 1 año contra títulos BONAR 2022, BONAR 2025 y BONAR 2027 con el argumento de entregarle mayor liquidez al sistema. Un mes atrás el BCRA se había sumado estas series de bonos mediante un canje de letras intransferibles del Tesoro por u$s 16.000 millones, el denominado Megacanje II.

Estos procesos de negociación no solo provocan un enorme costo público para su repago, sino que además destruyen el esfuerzo en materia de apoyos internacionales llevado adelante por el gobierno anterior, que tuvo sus resultados concretos en la última Asamblea General de Naciones Unidas donde solo 6 países de 183 se negaron a la creación de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana. Macro que claramente se enfocó en la reducción de la punción sobre los presupuestos fiscales, la penalización de las prácticas predatorias y especulativas de los inversores y en una mayor soberanía de los Estados para negociar.

Hoy el gobierno nacional desprecia aquel vínculo recibido por los 136 países que apoyaron a Argentina para conducir un marco regulatorio de estas prácticas. En vistas de incrementar el endeudamiento externo, en su lugar, ha manifestado respetar la totalidad del capital y renegociar intereses, es decir, reconocer los derechos completos de los fondos que iniciaron juicios en los tribunales de Nueva York y seguramente de aquellos que los iniciarán ante semejantes muestras de cordialidad hacia el capital financiero.

La “normalidad" de la "convergencia” es la del discurso sobre el ajuste

Van algunas notas sobre la reciente conferencia del Ministro de Hacienda Argentino Prat Gay.

Estuvo llena de contenidos y definiciones políticas y académicas, pero no suman nada a lo que ya conocemos el perfil de los funcionarios del Pro.

En detalle abajo pero en resumidas...se viene ajuste fiscal y monetario, represión salarial combinada con desempleo, reconocimiento de la deuda a los buitres y desfinanciamiento del sector público.

1) Ajuste fiscal. Se dijo muy claramente. Si se va a mantener en % del PBI el gasto social, pero aumentará en términos reales entonces no queda otra…el gasto público será menor en términos del PBI.

2) El ajuste será en gastos corrientes “reconfigurado” con más proporción de gasto en capital, es decir, se pagarán menos salarios de empleados públicos (en precio y cantidad claro). Consecuencias que ya se están viendo. “uno no está ajustando cuando se gastó de más” dijo su colaborador, en línea con la “mano dura” en los temas fiscales e inflacionarios que señaló el ministro.

3) Habrá un ajuste monetario del orden del 15% de la base monetaria aproximadamente. Dejo por allí que la emisión de dinero no se frenará en términos nominales y la inflación hará su efecto reductor.  

4) Se adoptan metas de inflación. Básicamente esto trata de gobernar expectativas bajo un paraguas de tensión fiscal y monetario. Es decir, se pone la inflación como target porque se asocia a un problema monetario, ergo, tratase de hacer rígido el déficit fiscal financiado con recursos conseguidos por el BCRA. En este sentido hay varias experiencias mundiales de las últimas dos décadas que muestran coherencia y fracaso, que yo sepa ninguna adoptada con niveles del orden del 30% (el propio ministro desestimó el caso argentino postcrisis) y con economías tan tipo-de-cambio-dependientes como la Argentina. Dicho sea de paso, se nunca que el tipo de cambio nominal no es un variable target. Al ministro dejó ver que el problema de la inflación es del Banco Central.

5) Expectativas de precios y paritarias, al tiempo que la subejtividad del ministro señaló un tipo de cambio de $16 y una inflación de piso del 30% y se mostró preocupado por un “aumento desmedido de precios” del último mes. El objetivo inflacionario de gobierno para 2016 está en torno al 1% mensual, pero solamente enero cierra con mucha suerte al 3,7%...y se espera un febrero más acelerado…es decir, el ajuste va tener que acelerarse y el mazazo a las paritarias se tiene que transformar en un hecho si quieren lograr la inflación del 20-25% anual.

6) No realizó voluntariamente anuncios sobre reservas ni endeudamiento, tampoco se mostró preocupado por los problemas de empleo.

7) Misceláneas:

a. Deuda. El costo de la deuda acumulada que está calculando es el que piden los fondos buitres en términos nominales, estimo que sin quita de ningún tipo. ¿Un buen guiño para quien tiene que cobrar no? Que te reconozcan toda la deuda y te digan que la gestión que negoció anteriormente se equivocó.

b. Déficit fiscal primario del 2,3% del PBI, dijo ser el “más grande de los últimos 30 años”. Buen intento, pero en 1990 fue de 3,08%, en 1989 fue de 3,66%, en 1988 fue de 5,15%, en 1987 fue de 4,08%, es decir en los últimos 30 años hubo al menos 4 ocasiones donde el déficit primario fue mayor, pero en todas esas oportunidades el déficit total fue superior al actual.

c. Fondos del BCRA, una expresión contable que es magnificada. Brevemente si el BCRA tiene ganancias acumuladas aparecen en su patrimonio neto, si las distribuye salen de allí, obvio, claro, evidente. El tema es que el BCRA no tiene la persecución de la felicidad y la ganancia como cualquier agente privado, ergo lo que gana se lo debe sacar de encima, y si puede financiar gasto en todo caso es una decisión de política. Para el que no entiende: el patrimonio neto de un banco central es el tercero en relevancia entre su pasivo y su activo como primero y segundo…

d. Anuncia que los jubilados se “descapitalizan” por el uso de los recursos que arroja el Fondo de Garantía de sustentabilidad. Es muy corta esta elusión, el ingreso corriente del FGS no es capital porque se espera que su capital rinda parte de ese fondo, y por demás es un hecho evidente que el fisco consolida el pago de jubilaciones y otras transferencias con la contribución de otras bolsas (como las de IVA, ganancias, y comercio exterior).
 

El ministro se manifestó deseoso de lograr una convergencia a la "normalidad". Notorio porque el mundo no muestra ni normalidades sino variedades, ni convergencias, sino divergencias. Y sobre todo en los bloques de América Latina y África vis a vis los anglosajones y asiáticos.