La vuelta de Argentina al FMI

Un poco de historia para no olvidar

Argentina tiene una larga y sórdida historia con el Fondo Monetario Internacional que conviene comenzar a desempolvar ahora que la alianza Cambiemos ha decidido reestablecer relaciones con el organismo.
Desde 1956 nuestro país pasó la mitad de su historia bajo acuerdos y condicionalidades del Fondo. Estas relaciones se aceleraron después de la crisis de pagos de 1982, con el establecimiento de una serie de requerimientos impuestos por esta institución que se basaron generalmente en reducir los déficits fiscales, en la custodia de reservas internacionales, en el establecimiento de límites al endeudamiento e inflación junto a otras medidas más agresivas orientadas a cambios estructurales de neto corte neoliberal: privatizaciones, reducción de  impuestos, represión salarial y flexibilización laboral, liberación de precios y tasas de interés y liberalización comercial y financiera.
Cuando hacia fines de la década de 1990, la recesión argentina ponía en jaque al esquema de convertibilidad, las condicionalidades asociadas a los préstamos del FMI, basadas en el diagnóstico equivocado de un exceso de gasto público (cuando había superávit primario), no hicieron más que profundizar la recesión, a la vez que financiaron la aceleración de la fuga de capitales, sellando la suerte de la convertibilidad. Una vez producido el estallido y default de diciembre de 2001, el FMI volvió a la carga con sus recetas recesivas, priorizando el pago de la deuda por sobre la recuperación económica. La inoperancia del Fondo quedó plasmada en el documento denominado “Argentina, el FMI y la crisis de la deuda” y publicado en 2004 por el Ministerio de Economía que concluyó diciendo “… que el cuerpo técnico del Fondo no parece estar totalmente preparado para hacer frente a una situación en la cual una crisis de gran magnitud ya ha estallado”.

La salida y el regreso del Fondo

En 2006, Argentina se había liberado de las condicionalidades del Fondo con la cancelación anticipada de la deuda del país con dicho organismo y seguidamente desautorizó la confección y difusión de las auditorías anuales en el marco del Artículo IV. Sin embargo, el Fondo siguió realizando sus evaluaciones económicas desde 2007 al 2015 utilizando información pública y sin posibilidad de consultar a las autoridades argentinas. Estos análisis se publicaron recientemente, luego del acercamiento al Fondo del gobierno actual.
El informe preparado durante febrero de 2014 señalaba dos escenarios ilustrativos de mediano plazo. Por un lado, un escenario de continuidad de las políticas del Kirchnerismo y sin ajuste de la demanda agregada. Para el FMI, este escenario habría provocado una caída acelerada de reservas llegando de 17.6 y 12.2 miles de millones de dólares para 2016 y 2018 respectivamente, con un PBI creciendo a tasas promedio de 1.5% anual y un déficit primario estable cercano al 1% del PBI, aunque sin cambios en las relaciones entre inversión y consumo. Por otro lado, mostraba un escenario alternativo -de restricción de demanda- con políticas como las que implementaría un eventual gobierno pro-mercado. Irónicamente, el FMI denominó a este escenario de “fortalecimiento de las políticas” que hubiera logrado un superávit fiscal cercano al 1,5% del PBI en menos de un año, un cambio en la acumulación de reservas internacionales cuya tasa de crecimiento se acercaría al 8% interanual (un poco menos de 3 mil millones de USD anuales) y una caída del consumo sobre el PBI que permitiría el incremento de la inversión en el corto plazo y el superávit de la cuenta corriente (ver cuadro).

El Fondo señalaba que el conjunto de medidas para lograr el ajuste de corto plazo “consistiría en reducir los subsidios a su nivel de 2007 en términos del PIB en un lapso dos años, y mantener sin cambios los salarios del sector público y los pagos de jubilaciones invariados respecto al PIB, a su nivel de 2012. Asimismo, para mantener controlada la demanda interna, las tasas reales de interés deberían subir y mantenerse positivas y el peso debería depreciarse en términos reales.” En resumen: reducir salarios y jubilaciones, quitar subsidios, restringir la política monetaria limitando las trasferencias del BCRA al tesoro, subir las tasas de interés reales y devaluar la moneda.
Es notable la similitud de estas recetas de política económica que se han implementado desde el 10 de diciembre de 2015 y cuáles de ellas han encontrado su correlato en los resultados esperados. Prácticamente se han seguido todas las sugerencias del Fondo, sin embargo, los resultados en términos de nivel de actividad han sido más negativos y aquellos vinculados al sector externo y las cuentas públicas, tuvieron efectos diametralmente opuestos. Las prescripciones del Fondo ejecutadas por el gobierno actual no sólo empeoraron los efectos negativos previstos, sino que crearon nuevos problemas.

FMI recargado

En una conferencia el 15 de abril de este año, Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI dijo que “…el nuevo gobierno se embarcó en una ambiciosa transición muy necesaria para eliminar los desequilibrios y distorsiones internos y corregir los precios relativos. Los controles de cambios se redujeron. Varias restricciones al comercio internacional se han eliminado. Se han planteado los temas de tarifas de servicios públicos y se ha llegó a un acuerdo con los acreedores externos. Estas medidas han mejorado las perspectivas de crecimiento en el mediano plazo. Si bien en 2016 habrá una desaceleración, se espera una importante recuperación en ese país para el 2017”. En la misma línea se expresó el reciente evaluador enviado por el Fondo, Roberto Cardarelli, que agregó que la situación previa en el país se caracterizó por altos niveles de consumo, baja inversión, déficits públicos inflacionarios y un clima empresarial que erosionó la competitividad.
El 4 de octubre pasado el FMI presentó su World Economic Outlook, allí señaló que “Argentina ha iniciado una transición importante y muy necesaria hacia un marco de política económica más consistente y sostenible, que está teniendo un costo mayor de lo previsto en 2016, proyectándose un crecimiento de –1,8% (en comparación con la tasa de –1% pronosticada en abril). En 2017 se prevé que el crecimiento se afiance en 2,7% gracias a la moderación de la inflación y la adopción de una postura monetaria y fiscal más propicia.”

Perspectivas

Si bien el Fondo no ha cambiado su postura histórica -sino que la viene reafirmando desde el 2014 a la actualidad- lo notable este proceso, de retroalimentación del ajuste con las autoridades argentinas, parece ser la velocidad con que encuentran sus límites. La historia reciente del menemismo y la Alianza y el espejo de la crisis de 2001 son condicionantes de primer orden. En segundo término, resulta difícil que el Pro pueda descargar el costo político de una supuesta “pesada herencia” habiendo duplicado la inflación (producto de las políticas cambiarias y tarifarias), reducido salarios, actividad productiva y consumo, con su consecuente incremento de desempleo, pobreza e indigencia. Por otro lado, el FMI no expone argumentos que le permitan proyectar tal crecimiento para el año que viene, al contrario, muestra una caía mayor para este año y perspectivas de un estancamiento regional liderado por el principal socio comercial en América del Sur (Brasil). 
Si bien en esta primera instancia habrá muy poco terreno donde el Fondo exija mayores ajustes, es probable que una vez completada la lista corta enunciada en los párrafos anteriores y, evidenciados los magros resultados fiscales definitivos del 2016, el Fondo vuelva a sugerir lo que históricamente ha pedido con vehemencia: más ajuste fiscal, mayor devaluación y reducción salarial. Por ello es que las vueltas a las relaciones cercanas con el FMI pueden volverse conflictivas, incluso para una gestión como la de Cambiemos.

Mariano Arana y Alan Cibils[1]

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[1] Investigadores docentes del Área de Economía Política, Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento.