Casi tres meses de
gestión del gobierno del Pro dan mucha tela para cortar en materia de economía
política. Dado que una parte de lo que efectivamente hicieron fue anunciada en
la campaña electoral, es menester tomar en cuenta no sólo las políticas
efectivamente realizadas sino aquellas que han sido anunciadas con suficiente
énfasis como para esperar que se vuelvan realidad en el corto plazo. Lo que
sigue trata muy brevemente temas económicos ocurridos en los ámbitos fiscales, financieros,
de ingresos, de los sectores productivos y de las relaciones con el resto del
mundo. El esquema general arroja un evidente aumento de la inflación que
contribuye a acelerar el conflicto social, caída del nivel de actividad, concentración
del ingreso y excedente, mayor exposición y vulnerabilidad externa, caída del
consumo público y privado por lo tanto del mercado interno, aumento del desempleo,
pobreza e indigencia, perdida de posición e integración regional y un
incremento del déficit público y de la deuda externa pública.
El anuncio de metas de
inflación acompañó la previsión del ajuste del gasto público en relación al PBI
en lo que refiere al gasto corriente. Aunque no hay aún una nueva ley de
presupuesto que permita estimar concretamente el programa de gastos, al compás
de la abrupta devaluación del 17 de diciembre pasado, siguió el
desfinanciamiento fiscal mediante la reducción de los ingresos vía retenciones
al agro y luego la minería (de yapa la quita de impuestos a los autos de lujo, al
tabaco y al champán). La
modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias fue otro
efecto de incremento el déficit fiscal, aunque el resultado fiscal final está
abierto por la inclusión de nuevos contribuyentes.
La política de metas de
inflación está en sintonía con un recorte del gasto al quitar financiamiento al
sector público mediante un ajuste del crecimiento de la base monetaria. La liberación
de tasas de interés, el negocio de las LEBAC y los plazos fijos, la liberación
de movimiento de capitales y el aumento de deudas para reservas vía BONARs +
Megacanje II, son medidas que apuntan a aspirar pesos sin comprar dólares y
hacerse de dólares mediante toma de deudas, de modo de no incrementar los
billetes y monedas en manos del público. El diagnóstico oficial acerca de la
inflación está circunscripto exclusivamente al financiamiento del déficit
fiscal vía incremento de la masa monetaria. Por otro lado, el arreglo de pago a los Fondos Buitres fue una de las prioridades de la actual administración. El cambio de estudio de abogados que sigue las causas, la cúpula de decisión en materia económica entera viajando a Davos y el reciente pre-acuerdo con litigantes italianos reunidos en Task Force Argentina, fueron señales premonitorias de la costosa media-salida del default. Es que el ámbito fiscal, luego de la desfinanciación y la caída del nivel de actividad, no cierra ni con las quitas de subsidios programadas, por ello es que ayer el Ministro de Hacienda anunció que, de no conseguirse un arreglo con los holdouts, las alternativas están entre una emisión mayor y un ajuste brutal -seguidamente descartó solo la primera alternativa-. De este modo, el Pro extorsiona al Congreso Nacional para que derogue las dos leyes que impiden mejorarle la oferta a los que no entraron a los canjes de deuda pública 2005 y 2010 (leyes cerrojo y de pago soberano).
Recapitulando, el BCRA se endeuda para no salir comprar dólares y el tesoro se endeuda para no financiar gasto corriente con emisión. He aquí los dos problemas fundamentales de la política económica del Pro: la inflación y el crecimiento.
Respecto del diagnóstico inflacionario, la probabilidad de error crece con cada aumento del índice de precios mes a mes. La inflación está mostrando tener un componente cambiario muy significativo coadyuvado por la concentración en la formación de precios, la quita de retenciones al trigo y maíz principalmente, la quita de subsidios a la electricidad y las expectativas futuras (incluyendo los acuerdos salariales en torno al 35/40%). Los anuncios de quitas de subsidios al transporte y al gas, el desmantelamiento de precios cuidados, claramente no contribuyen a morigerar las expectativas inflacionarias.
Si el diagnóstico inflacionario oficial es errado, en Argentina se recrudecerá el estancamiento y la inflación, pero con el agravante de un endeudamiento progresivo. Si la inflación menguara, se corre con el problema adicional de crecer poco y endeudarse mucho, en el mejor de los casos, dilatar una crisis de deuda. La única salida de mediano plazo políticamente viable es crecer rápidamente y mucho. En este ámbito las posibilidades no son alentadoras: la contracción del gasto público anunciada y del consumo (mediante la baja de ingresos populares, salario real y transferencias ANSES) pone la lupa del crecimiento sobre el sector externo y la inversión privada. En cuanto al primero, las posibilidades de crecimiento de las regiones compradoras son menores a las de años anteriores, en este sentido el apoyo público a los sectores agroindustriales, pesqueros, mineros y energéticos parece ser una política de retención de ingresos más que de fomento exportador. Sobre el segundo, resulta un tanto ingenuo creer que la potencial caída de la tasa de interés local (acuerdo con Fondos Buitres mediante) y la flexibilización de importaciones contribuyan a la expansión de la inversión. Los pronósticos de caída del nivel de actividad que arrojan las agencias internacionales, las perspectivas de pérdida del poder adquisitivo, y el crecimiento de la vulnerabilidad externa (tanto por un mundo más hostil en términos comerciales, así como por la mayor exposición a los movimientos de capitales) difícilmente aceleren las proyecciones de inversión en lo que resta del año. La trampa del Pro es que pone en jaque las finanzas públicas y los ingresos populares, con una promesa de estabilidad futura que día a día muestra que lo que al gobierno le falta de realidad le sobra de deseo.
Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad que deseo y realidad estén en el mismo lugar. Si ese fuera el caso, se explicaría el énfasis sectorial reprimarizador orientado a las actividades rentísticas y extractivas (que permitiría explicar una gran parte de las concesiones al sector financiero) junto los intentos de cambio del eje en las relaciones internacionales desde Mercosur -China/Rusia, CELAC, etc. hacia Estados Unidos y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), pasando por el desplante al apoyo de 136 países que realizaron hacia Argentina para conducir un marco regulatorio contra los fondos buitres votada en Naciones Unidas el año pasado.
La historia es conocida: desde fines de la década de 1970 los gobiernos neoliberales prometieron reducir la inflación, lograr más estabilidad e incrementar el bienestar aumentando el crecimiento económico. Hoy se sabe que las leves reducciones de la inflación fueron a costa de logros sociales o de burbujas financieras. También se sabe que los países que siguieron las políticas neoliberales aplastaron el crecimiento económico e intentaron compensar esas caídas con deuda pública y privada. En un contexto internacional negativo, la estrategia del Pro parece una estrategia defensiva de los sectores rentísticos asociados al dinero y los recursos naturales, pagadera con una ofensiva sobre el resto de la población. Lo cierto es que este año tendremos lo opuesto a las promesas neoliberales: menor crecimiento con más inflación.
