El jefe de gabinete, Marcos Peña y el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, protagonizaron hoy una conferencia de prensa donde hicieron parecer que las negociaciones con los fondos buitres están llevando más tiempo del previsto. Ciertamente, los juicios localizados en Nueva York son una molestia para la toma de deuda externa (algo que estuvo en los objetivos anunciados de la política económica desde el primer día que Cambiemos asumió el poder).
El Ministro señaló los esfuerzos en “avanzar en cerrar esa brecha, sobre
todo con los litigantes más duros”, sin embargo, solo se anunció un pre-acuerdo
con un segmento de los litigantes conducidos –no paradójicamente- por Nicola
Stock, que representa a una agrupación de bonistas italianos denominados Task Force Argentina. Dijo que por
orden presidencial van a “respetar el capital” y con ello sentenció el pago
total del capital de la deuda comprada por estos bonistas y una negociación de
intereses que equivale -según fuentes no oficiales- a 450 millones de dólares
sumados a los 900 millones de capital, pagaderos al contado.
En el marco de estas negociaciones el BCRA incrementó sus reservas de un
plumazo el 29 de enero pasado. Bajo el comunicado 50696, realizó operaciones de
PASE con siete bancos por un monto total de u$s 5.000 millones y un plazo
aproximado de 1 año contra títulos BONAR 2022, BONAR 2025 y BONAR 2027 con el
argumento de entregarle mayor liquidez al sistema. Un mes atrás el BCRA se
había sumado estas series de bonos mediante un canje de letras intransferibles
del Tesoro por u$s 16.000 millones, el denominado Megacanje II.
Estos procesos de negociación no solo provocan un enorme costo público para
su repago, sino que además destruyen el esfuerzo en materia de apoyos internacionales
llevado adelante por el gobierno anterior, que tuvo sus resultados concretos en
la última Asamblea General de Naciones Unidas donde solo 6 países de 183 se
negaron a la creación de un marco jurídico multilateral para los procesos de
reestructuración de la deuda soberana. Macro que claramente se enfocó en la
reducción de la punción sobre los presupuestos fiscales, la penalización de las
prácticas predatorias y especulativas de los inversores y en una mayor
soberanía de los Estados para negociar.
Hoy el gobierno nacional desprecia aquel vínculo recibido por los 136
países que apoyaron a Argentina para conducir un marco regulatorio de estas
prácticas. En vistas de incrementar el endeudamiento externo, en su lugar, ha
manifestado respetar la totalidad del capital y renegociar intereses, es decir,
reconocer los derechos completos de los fondos que iniciaron juicios en los
tribunales de Nueva York y seguramente de aquellos que los iniciarán ante
semejantes muestras de cordialidad hacia el capital financiero.
